En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, presidida por la primera ministra noruega Gro Harlem Brundtland, publicó el histórico informe Nuestro Futuro Común. En él se formuló por primera vez el concepto de desarrollo sostenible, definido como «aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades». Este documento no solo transformó el discurso ambiental global, sino que también sentó las bases ideológicas de lo que más tarde sería adoptado como principio fundamental en múltiples disciplinas, incluida la arquitectura.

En ese marco, el Informe Brundtland se convirtió en un punto de inflexión que reorientó la práctica arquitectónica hacia criterios de eficiencia energética, integración ecológica y conciencia climática. Es aquí donde la narrativa del brutalismo encuentra una bifurcación fundamental: los valores originales del brutalismo —honestidad material, monumentalidad ética y crudeza formal— comenzaron a ser reinterpretados desde una perspectiva medioambiental, dando lugar a lo que hoy conocemos como ecobrutalismo.

El brutalismo, desarrollado tras la Segunda Guerra Mundial como una respuesta pragmática a la necesidad urgente de reconstrucción, se caracterizaba por su uso masivo de hormigón expuesto, su expresión estructural sin ornamentos y una visión monumental del espacio urbano. Sin embargo, tras la consolidación del discurso del desarrollo sostenible, estas mismas cualidades fueron reimaginadas como oportunidades para repensar la relación entre la arquitectura y el entorno natural. Así nació una nueva corriente: el ecobrutalismo, que conserva la estética robusta y radical del brutalismo clásico, pero incorpora estrategias pasivas de climatización, materiales locales o reciclados y una sensibilidad bioclimática profunda.